Comienza el juego de las presiones. El comisario europeo de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos, ya ha hecho públicas sus conclusiones para empezar a negociar el sistema que regirá la Política Agraria Común (PAC) entre los años 2013 y 2020. Del documento destaca sobre todo una propuesta: introducir un límite máximo para los pagos directos recibidos por las grandes explotaciones individuales, para mejorar la distribución de los pagos entre los agricultores. Aunque en teoría esta medida está pensada para los países del Este de Europa, donde la privatización de las tierras del Estado se ha hecho de forma muy dispar, lo cierto es que las implicaciones en Extremadura serían grandes. De forma periódica surgen voces que critican las elevadas subvenciones que reciben unos pocos latifundios, muchas veces vinculados a miembros de la nobleza o conocidos empresarios. En teoría, el documento debería ser hecho público el mes que viene, pero ha sido filtrado para suscitar ya el debate.
Como la mayoría de textos de este tipo, sus conclusiones son muy generales, de forma que deja amplio margen para la negociación. Ciolos considera que las opciones disponibles pasan por tres posibles caminos. El abanico abarca desde mejorar ligeramente el sistema actual a eliminar directamente cualquier sistema de ayudas. Pero él apuesta por el camino intermedio. Es decir, lograr «un apoyo más equilibrado, sostenible y específico». Esta opción prevé una serie de pagos directos obligatorios y voluntarios que buscan «introducir una mayor equidad en la distribución de los pagos directos entre los estados miembros y un cambio sustancial en su diseño». Así, se contempla un pago básico de apoyo a los ingresos y una ayuda adicional obligatoria por llevar a cabo medidas agroambientales. Se añaden dos pagos voluntarios, uno para compensar las limitaciones naturales específicas, y otro de apoyo a sectores y regiones específicos. También se incluyen un apoyo para las pequeñas explotaciones y una nivelación de la tasa básica. De la propuesta destaca una carencia fundamental, no cita el presupuesto. De poco vale hablar del reparto de fondos si no se sabe cuánto dinero está disponible. Otro de los problemas que plantea a priori es que no propone herramientas para el mantenimiento de precios agrarios.
Fuente: www.hoy.es
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