Esta mañana se ha constituido el Consejo Sectorial de Personas Inmigrantes y Refugiadas de Cáceres, con el objetivo de servir de punto de encuentro local para todas las instituciones, asociaciones, sindicatos y grupos políticos que trabajan en la ciudad para mejorar la vida de las personas inmigrantes y refugiadas, plantear sus problemas y abordar posibles soluciones.
La concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha señalado que, a fecha de 1 de enero de 2021 “la población extranjera asciende a 2.975 personas. Teniendo en cuenta que en el 2019 había empadronadas 3.111 personas, 414 personas más que en el estudio del anterior, este año se ha roto la tendencia ascendente de los últimos años”.
“El aumento del año pasado duplicaba el número de extranjeros desde que se empezó a realizar el estudio de población”, ha detallado, “los últimos meses las cifras habían aumentado ante la llegada, sobre todo, de personas de origen venezolano, colombiano y ecuatoriano. Sin embargo, este año la llegada de personas extranjeras ha disminuido en 136, fruto, como no podía ser de otra manera por el cierre de fronteras y la crisis sociosanitaria, de la pandemia producida por la COVID-19”.
En cuanto al origen, Honduras, Rumanía y Colombia son, por ese orden, los países mayoritarios de origen.
Estas personas, independientemente de la forma de entrada, los motivos de la migración o su nacionalidades, “se pueden encontrar y se encuentran con numerosos problemas a la hora de adaptarse a la vida de nuestra ciudad, entre los que figuran: acogida y gestión de recursos para ellas y sus hijos e hijas, y dificultades de acceso al alquiler de una vivienda”.
También, ha añadido, “el aprendizaje y manejo del idioma, tramitación de documentación para regularización de su situación, denegaciones de asilo que les deja en situación irregular, concesiones de residencia y trabajo que les excluyen de programas de ayuda humanitaria, dificultades y problemas en el ámbito laboral (acceso, condiciones de trabajo, etc.), complicaciones para la conciliación laboral, familiar y personal, situaciones de racismo y xenofobia”, ha manifestado Pulido.
“Somos conscientes”, además, ha afirmado, “de condiciones de especial vulnerabilidad en los que sus derechos se pueden ver mermados como mujeres víctimas de violencia de género, homosexuales y transexuales, personas en situación irregular, de extrema pobreza, sin hogar, etc”.
A todo esto hay que sumar “que la crisis sociosanitaria acaecida por el COVID-19 que ha golpeado de una forma especialmente dura a este colectivo de personas por sus especiales características laborales, situación administrativa para el acceso a ayudas y falta de apoyos familiares”.
“A nivel municipal, en materia de inmigración encontramos muchas limitaciones competenciales, lo cual consideramos que no es óbice para crear este Consejo Sectorial cuyo objetivo sea remover estos obstáculos, plantear sus problemas y abordar posibles soluciones, establecer protocolos de trabajo, facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre todas las entidades que forman parte del mismo, proponer acciones y proyectos para trabajar, tanto con la ciudadanía (sensibilización) como con la población objeto (formación, orientación, acogida), así como trasladar a quien competa otros asuntos que no podamos solventar desde este ámbito”, ha concluido Pulido.
