El Ayuntamiento de Cáceres liquida la deuda heredada del anterior equipo de gobierno por las viviendas sociales de Río Vístula
El Consistorio regulariza y abona las cuotas comunitarias pendientes desde 2020 correspondiente a las 20 viviendas municipales de este inmueble de Aldea Moret
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha dado orden hoy de liquidar la deuda heredada del anterior equipo de gobierno socialista, correspondiente a las viviendas municipales ubicadas en el bloque de la calle Río Vístula número 1.
En concreto, ha autorizado el abono de un total de 40.900 euros correspondientes a las cuotas de la comunidad de propietarios de la veintena de viviendas propiedad municipal de dicho inmueble, que el anterior gobierno socialista dejó de pagar desde el año 2020. La cuantía salda la deuda pendiente desde 2020, lo que supone que el Ayuntamiento de Cáceres esté ya al corriente de pagos.
«Nos comprometimos y hoy podemos decir que hemos cumplido. Hemos puesto orden donde había abandono e impagos heredados de una mala gestión anterior. No podíamos permitir que una deuda generada por la inacción del equipo de gobierno socialista pusiera en riesgo servicios fundamentales para las familias de este bloque de pisos de Aldea Moret», ha explicado el alcalde, Rafa Mateos.
“Con la regularización de esta deuda de 40.900 euros, que cubre los recibos pendientes de las viviendas municipales con la comunidad de vecinos, este equipo de gobierno pone fin a esta problemática garantizando la estabilidad de los servicios básicos para los residentes del inmueble”; ha concluido Mateos.
El bloque de Río Vístula, 1, donde el consistorio posee algo más de un 40 % de viviendas de titularidad municipal, cuenta con una particularidad técnica: dispone únicamente de dos contadores comunitarios de agua y carece de mediciones individuales. Por este motivo, la continuidad del suministro hídrico para todos los adjudicatarios dependía de forma directa de que la comunidad se encontrase al corriente de pago. Al suspenderse los pagos durante el anterior mandato, se generó un riesgo directo sobre la prestación de un recurso básico para las familias residentes en estas viviendas públicas.
